"Derecho de retorno" ... pero a Al-Ándalus

Dos noticias han aparecido últimamente sobre este "derecho" casi exclusivo de los musulmanes. De la primera tuve conocimiento a través de Elder of Ziyon, donde hace alusión precisamente a una web musulmana española, WebIslam.

La otra proviene de un artículo de Soeren Kern, en Gatestone, y versa sobre la "desinteresada" concesión automática de la ciudadanía española a los judíos sefardíes - que por el timing de dicho ofrecimiento representa muy probablemente una manera de compensar el posterior voto favorable a Palestina en la Onu -, y la reacción airada que dicho ofrecimiento provocó en sectores musulmanes que se quieren descendientes de los moriscos expulsados de España.


En WebIslam:

Centenares de egipcios se manifestaron, el pasado miércoles 2 de enero en la plaza  Safenex en el Cairo, a raíz de la conmemoración del 521 aniversarios del lamenteble hecho de la toma de Granada.

La manifestación fue convocada por El Movimiento Libres (Harakat Ahrar); los manifestantes organizaron una cadena humana alrededor de la plaza Safenex y portaron carteles en los que se leía: "Obligatoriamente volveremos", "No hemos olvidado Al Ándalus" y "Por supuesto volveremos"... (En la fotografía adjunta se lee "No hemos olvidado Al Ándalus", la cual, "volverá, por supuesto")

Los manifestantes también portaron fotos de Palestina y Al Ándalus, banderas del movimiento y proyectaron documentales sobre la historia de Al Ándalus. Ahmed Aarafa, el activista del grupo "Hazimoun", leyó un poema recordando el acontecimiento de la toma de Granada el 2 de enero de 1492 y resaltó que "el objetivo de la manifestación no es celebrar la toma de Granada, sino concienciar y sensibilizar a los jóvenes egipcios sobre la historia de Al Ándalus¨.

 En un comunicado difundido en las redes sociales por el movimiento, se hace alusión a que "una de las causas de la crisis del presente y la no claridad del futuro es el olvido de nuestra historia".

En Gatestone:

El Gobierno español ha anunciado que va a otorgar automáticamente la ciudadanía a los judíos de ascendencia sefardí cuyos antepasados ​​fueron expulsados ​​de España en 1492. La medida ha sido bien recibida por los grupos judíos, quienes dicen que la medida era esperada desde hace mucho tiempo para reparar sus derechos despojados por una desgracia histórica.

Pero los grupos musulmanes están ahora clamando por la reciprocidad, y están exigiendo que el gobierno español también otorgue la ciudadanía a los millones de descendientes de aquellos musulmanes que también fueron expulsados ​​de España durante la Edad Media. 

(...) 

Según la legislación vigente española, los judíos sefardíes ya se benefician de un proceso de naturalización preferencial que les permite reclamar la nacionalidad española después de haber vivido en España tan sólo dos años, un privilegio que también está disponible para los ciudadanos de las antiguas colonias españolas en América Latina y en otros lugares. 

El cambio significa que los judíos sefardíes - dondequiera que vivan en la diáspora - tendrán que presentar una acreditación ante la Federación Española de Comunidades Judías (FCJE), el cual confirmaría su ascendencia para reclamar un pasaporte español. La oferta sólo se aplicaría a aquellos que se identifiquen como judíos. No se aplicaría a los sefardíes anusim (en hebreo significa "coaccionados"), los descendientes de aquellos judíos que fueron obligados por la Inquisición española a convertirse al catolicismo (a veces también llamados cripto-judíos o marranos). Los anusim seculares deberían buscar una formación religiosa en la FCJE y someterse a una conversión formal al judaísmo antes de que puedan obtener la nacionalidad española. 

El Gobierno español no ha mencionado cuantos judíos sefardíes espera que soliciten la ciudadanía (un total de 698 judíos sefardíes obtuvieron la ciudadanía española en el periodo 2006-2010). Se estima que hay unos tres millones de judíos sefardíes en todo el mundo hoy en día. La mayoría vive en Israel, Estados Unidos, Bélgica, Grecia, Francia y Turquía, pero también hay comunidades importantes en América Latina, especialmente en Argentina, Brasil, Chile, México y Venezuela. 

No más de 45.000 judíos viven actualmente en España - de una población total de 47 millones de españoles - lo que es sólo una fracción mínima del número de judíos que vivían en el país antes de 1492, cuando los judíos fueron obligados a convertirse al catolicismo o ir al exilio. 

El Edicto de Expulsión, emitido el 31 de marzo de 1492 por los Reyes Católicos de España (Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón), y también conocido como el Decreto de la Alhambra, ordenaba a los judíos abandonar los reinos de Castilla y Aragón, sus territorios y posesiones, el 31 de julio de ese mismo año. Hasta 800.000 judíos se cree que salieron de España como consecuencia del decreto. Otros 50.000 optaron por evitar la expulsión mediante la conversión al catolicismo [N.P.: esta cifra parece actualmente muy hinchada, y las cifras que se barajan van de 200 a 300 mil personas]. 

España comenzó a conceder la ciudadanía a los judíos sefardíes - de forma individual, no en masa - en 1988, cuando el gobierno de Felipe González modificó el Código Civil español. Las concesiones fueron suspendidas en 2009 por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, pero el procedimiento ha sido revivido y enmendado por el gobierno conservador de Mariano Rajoy. 

(...) 

Pero los comentaristas políticos españoles han estado especulando sobre la razón y el timing detrás de la acción del gobierno. Sólo una semana después de anunciar esta medida, España votó a favor de la mejora de la situación de la Autoridad Palestina en las Naciones Unidas. Esa votación del 29 de noviembre votación representó un duro golpe para Israel, y algunos comentaristas han especulado que el gobierno español anunció la medida de la ciudadanía como un "gesto" para minimizar su impacto en las relaciones bilaterales. 

Otros dicen que el gobierno español está tratando de atraer a los judíos para que traten de ayudar a remediar los graves problemas económicos del país. Apenas unos días antes de emitir esa medida que facilitaba el regreso a España de los judíos sefardíes, el gobierno anunció que se ofrecerían permisos de residencia a los extranjeros que compraran casas a un precio de más de 160.000 euros, como parte de sus esfuerzos para reactivar el derrumbado mercado inmobiliario y paliar la existencia de cientos de miles de viviendas sin vender.

Mientras tanto, los musulmanes están exigiendo ahora que el gobierno español realice una concesión automática de la ciudadanía a los millones de descendientes de aquellos musulmanes que fueron expulsados ​​de España en el siglo XVII. 

Gran parte de la Península Ibérica fue ocupada por los conquistadores musulmanes desde 711 hasta 1492 - conocida en árabe como Al-Andalus -, cuando el reino musulmán de Granada se rindió a los Reyes Católicos. Pero la expulsión definitiva de los musulmanes no se produjo hasta más de un siglo más tarde, a partir de 1609, cuando el rey Felipe III decretó la expulsión de los moriscos. 

Los moriscos eran los descendientes de la población musulmana que se convirtió al catolicismo bajo la amenaza del exilio de los Reyes Católicos en 1502. Desde 1609 hasta 1614, el gobierno español obligó sistemáticamente a salir de España a unas 350.000 moriscos que se dirigieron al Norte de África. 

Hoy en día se estima que hay unos 5 millones de descendientes de los moriscos que viven solamente en Marruecos, pero hay otros millones más que viven en Argelia, Egipto, Libia, Mauritania, Túnez y Turquía. 

En un ensayo del 03 de diciembre publicado por el periódico con sede en Marruecos, Correo Diplomático, el periodista marroquí Ahmed Bensalh Es-Salhi escribió que la decisión "de otorgar la nacionalidad española a los nietos de los hebreos de la España de los siglos XV y XVI, sin tener en cuenta a los moriscos, los nietos de los musulmanes, representa sin lugar a dudas una incuestionable y flagrante discriminación y segregación, ya que ambas comunidades sufrieron por igual en la España de esa época. La decisión también podría ser considerada por la comunidad internacional como un acto histórico de absoluta inmoralidad e injusticia... Esta decisión es absolutamente vergonzosa y deshonrosa". 

Bensalh posteriormente se dedica a amenazar a España: "¿Será España consciente de lo que podría pensarse cuando hace la paz con unos y no con los otros? ¿No es consciente España de lo que esta decisión podría costarle, ya que podría poner en peligro las grandes inversiones que los musulmanes han hecho en su territorio? ¿Tiene España otras alternativas a la inversión exteriores de los musulmanes, si alguna vez éstos deciden dirigir su capital a otros destinos debido a la discriminación contra los musulmanes?" 

El artículo de Bensalh es el último capítulo en una creciente batalla que se libra por parte de historiadores y académicos musulmanes que exigen que un tratamiento a los moriscos semejante al de los judíos sefardíes. 

Jamal Ben Ammar al-Ahmar, un profesor universitario de la Universidad Ferhat Abbas de Sétif, en el noreste de Argelia, y que se autodefine como "andalusí y argelino", lleva participando desde hace cuatro años en una campaña para persuadir al rey Juan Carlos para que identifique y condene a los que expulsaron a los musulmanes de Al-Andalus en el siglo XV. Al-Ahmar también exige que a los millones de moriscos expulsados ​​de España se le permita regresar. 

En una carta dirigida al rey Juan Carlos, Al-Ahmar pide una "exhaustiva investigación legal e histórica de los crímenes de guerra perpetrados contra la población musulmana de Andalucía por los cruzados franceses, ingleses, europeos y papales, y cuyas víctimas fueron nuestros pobres y miserables antepasados, después de la caída del régimen islámico en Andalucía". 

La carta habla de "la injusticia infligida a la población musulmana de Andalucía que sigue sufriendo en la diáspora y en el exilio desde 1492". Al-Ahmar quiere que el monarca español pida disculpas "en nombre de sus antepasados" y asuma "la responsabilidad de las consecuencias" que esto supondría. Él dice que es necesario "identificar a los criminales, para así condenarlos retroactivamente, mientras que al mismo tiempo se identifica y compensa a las víctimas por sus calamidades y se restauran sus títulos". Este proceso culminaría con "un decreto que permita a los inmigrantes regresar a sus hogares en Andalucía, concediéndoles plenos derechos de ciudadanía y la restauración de todas sus propiedades".