Compensar por servir en el IDF no es discriminación - Seth J. Frantzman - JPost

Un nuevo proyecto de ley que aprobó el Comité Ministerial para la Legislación de la Knesset, y que permitiría un trato preferencial para aquellos que completen el servicio militar o civil obligatorio, está siendo criticado por discriminar supuestamente a los árabes y a los haredim (ultra-ortodoxos). La diputada del Meretz Zahava Gal-On señaló que los que cumplen con ese servicio "no tienen necesidad de una acción afirmativa", mientras que el Centro Mossawa para los ciudadanos árabes se quejaba de que el proyecto de ley era "racista y discriminatorio".

Este proyecto de ley está en el corazón de un malentendido fundamental con respecto a la discriminación en Israel, y el foco puesto en el “daño” que ocasionaría a la población árabe está siendo utilizado para desviar nuestra atención de los verdaderos intereses a la hora del desarrollo del mercado laboral, al no permitir que aquellos que se ven obligados a servir en el ejército o en el servicio civil no reciban por ello ningún beneficio.

El proyecto de ley permite una contratación preferencial en ciertos puestos laborales de la administración pública, otorga una preferencia en la adquisición de vivienda pública y posibilita una acción afirmativa en los programas de educación superior. Los ciudadanos árabes de Israel ya reciben dicha acción afirmativa en lo referente a la educación superior y al empleo dentro de la función pública, por lo que la idea de que van a ser objeto de discriminación a causa de este proyecto de ley es absurda.

Actualmente un árabe y un judío crecen y llevan una vida similar hasta los 18 años, cuando el ciudadano judío es reclutado obligatoriamente para el ejército. Luego, durante casi tres años, ese ciudadano judío sirve en el ejército mientras que el ciudadano árabe puede dedicarse a su formación profesional o universitaria. Cuando finalmente el ciudadano judío abandona el ejército, tiene varios años de retraso en términos de calificaciones. Cuando por fin puede dedicarse a su educación superior ya no compite con su vecino árabe, ya que éste casi ha terminado su carrera universitaria. Incluso aquellos árabes con los que podría competir para un puesto en la administración pública reciben una acción afirmativa, por lo tanto, solamente gracias a los beneficios de esta ley aquellos que han servido en el ejército o en el servicio civil podrían verse como iguales ante los ojos del empleador.

La única discriminación que provocaría este proyecto de ley tendría que ver únicamente con los ciudadanos judíos, ya que mientras unos no sirven en estos servicios obligatorios otros si lo hacen. En la actualidad, casi el 40% de las mujeres judías y el 25% de los hombres judíos no sirven en el ejército. Los haredim (ultra-ortodoxos) constituyen una minoría dentro de los judíos que quedan exentos de realizar estos servicios. Por lo tanto, si hablamos de los afectados por esta ley, hablaríamos principalmente de la competencia en lo relativo a la educación superior, la vivienda compartida y la administración pública entre ciudadanos judíos seculares o no haredim, es decir, entre aquellos que sí cumplen con el servicio militar o civil y el resto que no lo hace.

Esto nos revela la verdadera razón de la oposición a este proyecto de ley, y la razón de que la mayoría de quienes se oponen a este proyecto de ley pertenezcan a la izquierda judía, como por ejemplo los votantes del Meretz del norte de Tel Aviv, procedentes de los estratos socio-económicos más altos, y que parecen no desear una competencia laboral entre los sectores judíos más acomodados con esos otros menos favorecidos, siendo estos últimos los que más cumplen con los servicios obligatorios.

Los partidos de la izquierda israelí argumentan que los que sirven en el ejército “no tienen necesidad de una acción afirmativa”. Según el informe sobre el “Estado de la Nación” proporcionado por el Taub Center, el ingreso promedio de aquellos que tienen una educación universitaria es casi el doble de los que no la tienen. Y son los ciudadanos más cultos y acomodados los que parecen más hostiles a los beneficios derivados de cumplir con el servicio militar o civil, servicios que ejercen mayoritariamente los sectores judíos menos acomodados.

¿Se deberá a que no desean una igualdad de oportunidades o un “campo de juego más equilibrado”, donde un joven procedente de un ambiente humilde o de una ciudad de desarrollo como Kiryat Malachi tenga las mismas oportunidades de asistir a la universidad que otro joven procedente de un ambiente más acomodado, por ejemplo de Kfar Shmaryahu?

De hecho, ya las clases más humildes de Israel sufren enormes brechas en la educación y en la movilidad social, y los beneficios que el servicio militar podría proporcionar sería un método para facilitar su integración en la educación superior y la obtención de empleos públicos estables. Obligarles a cumplir con los servicios obligatorios y luego negarles los posibles beneficios derivados de ello, les dejaría inmersos en un ciclo de pobreza.

Tanto el ejército como el servicio civil representan una carga económica mucho mayor para los ámbitos más humildes que para los acomodados. Los beneficios que otorgaría cumplir con esos servicios constituyen ventajas de las que ya disfrutan las clases más acomodadas, en cambio, y para las clases menos acomodadas, ventajas como una matrícula gratuita representan la diferencia entre recibir una educación superior o no poder disfrutar de ella. En lugar de ser un crisol de culturas, cumplir con el ejército y no obtener unos justos beneficios por ello, provocaría que se dañaran las perspectivas económicas de las comunidades judías menos acomodadas, las cuales además tienen mayores tasas de alistamiento en el ejército que las comunidades más ricas.

Por ejemplo, el 91% de los hombre judíos etíopes sirven en el ejército. El porcentaje de jóvenes judíos de clase media es del 75%. Cuando uno revisa los datos de los soldados que ejercen en unidades de combate, por lo cual reciben beneficios adicionales, las cifras son aún más sorprendentes. Una de las comunidades más ricas de Israel, Kfar Shmaryahu, envió sólo 11 jóvenes a esas unidades de combate en 2012, menos del 5% de las personas elegibles para servir en ellas.

Bajo el sistema actual, los ciudadanos judíos procedentes de familias poco acomodadas, al ser reclutados por el ejército, reciben alrededor de 300 NIS al mes por su servicio, lo que equivale a alrededor de 0,50 NIS por hora. Los jóvenes de familias acomodadas tienden a servir en aquellas unidades del ejército que les permitan avanzar en sus carreras, como la Fuerza Aérea, la Inteligencia, la Radio del ejército o la unidad de alta tecnología 8200 del ejército, mientras que los jóvenes judíos procedentes de las zonas más empobrecidas son enviados a la Policía de Fronteras o a servir como secretarios. Los bajos salarios y esos diferentes destinos, favorecen un impacto económico negativo a largo plazo dentro del mismo servicio militar.

Y es precisamente tras dejar el ejército cuando los jóvenes soldados deben enfrentarse a la perspectiva de pasar las pruebas estandarizadas para entrar en la universidad. Pero mientras los jóvenes de los sectores más acomodados pueden permitirse el lujo de realizar cursos de preparación, los jóvenes de los sectores menos favorecidos - aquellos que han recibido un salario ridículo durante sus tres años de servicio - se enfrentan a la desagradable perspectiva de tratar de aprobar unos exámenes para los que no están preparados, y a continuación encontrar el dinero necesario para asistir a unas universidades que cuestan alrededor de 8.500 NIS por semestre.

También en este caso los beneficios previstos por la nueva ley podrían ayudar a reducir las diferencias ofreciendo a aquellos que sirvieron durante varios años una enseñanza gratuita y una vivienda en apartamentos públicos. La idea de que ayudar a estos ex soldados en la posible obtención de un puesto en la administración pública discriminaría de alguna manera a otros pretendientes, resulta ridícula. Como ya se señaló anteriormente, los árabes reciben una acción afirmativa propia dentro de la administración pública, mientras tanto los ex soldados deberían entrar en la administración pública con tres años de retraso y con un sueldo inicial de alrededor de 4.000 NIS por mes.

Para proporcionar un ejemplo, una mujer que conozco sirvió como oficial en el ejército y posee una maestría en la universidad más prestigiosa de Israel, sin embargo solo recibe 4.500 NIS mensuales por su trabajo en la administración pública, y eso después de llevar trabajando allí cinco años. Consideren la posibilidad de que el alquiler en Jerusalén puede alcanzar hasta los 3.000 NIS para un pequeño apartamento al que se llega tras un viaje en autobús de media hora desde el centro de la ciudad. Esto significa que una mujer que dio tres años de su vida al país, y que trabajó durante otros seis años para obtener un grado de maestría, ni siquiera puede permitirse un apartamento. Y es a esta mujer a quien los diputados del Meretz en la Knesset y otros diputados quieren negar esos beneficios. Negar esos beneficios significa negar a los niveles socioeconómicos más modestos del país la capacidad de vivir una vida digna con un apartamento, un coche y un salario decente.

Israel necesita una ley modelo como la estadounidense US GI Bill. Ese proyecto de ley ofrecía matrículas gratuitas para aquellos que sirvieron a su país. Durante los años que se aplicó se facilitó mucho la movilidad social. Por ejemplo, 7,8 millones de veteranos que regresaron de la Segunda Guerra Mundial fueron a la universidad en el marco de ese proyecto de ley. En Israel tenemos que integrar a los árabes en la administración pública y proporcionarles beneficios. Pero estos beneficios deben ir de la mano con esos otros programas que ayudan a las personas que sirven en el ejército, en especial a los de origen humilde. Deberíamos empezar por pagar a los soldados un salario razonable y asegurarnos de que los que sirvan allí reciban un trato preferencial en materia de vivienda y educación superior - no ponerlos por encima de los árabes que no sirven en el ejército, sino ponerlos por encima de ese 30% de judíos de Israel que no cumplen con el servicio obligatorio -.

Tenemos que equilibrar el campo de juego entre Kfar Shmaryahu y Kiryat Malachi. No puede ser que el 90% de los jóvenes de áreas empobrecidas sirvan en el ejército y luego no puedan conseguir un trabajo o ir a la universidad, mientras que sus compañeros más acomodados no sirven en el ejército y van a la universidad antes que ellos, recibiendo un gran impulso en lo referente a su poder adquisitivo.

Resulta sumamente irónico que sean los portavoces de la izquierda los que más se oponen a esta ley, y más cuando su propio éxito se debe en parte a los beneficios en riqueza y en educación que se les otorgó a través de la generación de sus padres. Tenemos que asegurarnos de que Israel no sólo es un país para los nacidos en un kibbutz o el norte de Tel Aviv, sino también un país para aquellos que nacieron en Shfar'am y Hadera o en cualquier otra zona desfavorecida.

Si el país discrimina a sus ciudadanos redactando solamente leyes para la mitad de ellos (en la actualidad, un 45% de los israelíes no sirven en el ejército), entonces también se puede discriminar a favor de los que sirven, ya sea por elección o por obligación.