Saturday, February 22, 2014

El boicot de Israel "made in Israel" - Emmanuel Navon - i24news



El Tribunal Superior de Justicia de Israel ha sido requerido recientemente para que determine si la "ley de boicot" aprobada por la Knesset en julio de 2011 es constitucional. Esta ley permite a las empresas israelíes, ya sean instituciones o particulares, enjuiciar a los que llaman públicamente a su boicot, y buscar una compensación financiera por cualquier demostrada pérdida monetaria. La ley también autoriza al Ministerio de Hacienda para que pueda rechazar las ofertas y beneficios fiscales de las organizaciones que llaman públicamente a un boicot de Israel.

Descrita como "antidemocrática" por sus críticos, la ley está en realidad por debajo de las medidas previstas por las leyes francesas y estadounidenses contra los partidarios del boicot.

En Francia, el boicot representa una infracción penal. Una persona que trate de impedir la venta de un producto o servicio debido a la identidad del vendedor puede ser condenado a una multa de 45.000 € y un año de prisión (artículos 225-1 y 225-2 del Código Penal y artículo 24-8 de la Ley de 30 de diciembre de 2004). En septiembre de 2009, el Tribunal Supremo confirmó la condena de un alcalde francés que había llamado a un boicot de los productos israelíes en su ciudad. Esta decisión fue confirmada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en julio de 2009. En diciembre de 2007, el Tribunal Supremo dictaminó que el boicot de empresas israelíes en Francia era ilegal. El mes pasado (23 de enero de 2014), el Tribunal Supremo confirmó la condena de una ONG pro-palestina francesa que había llamado a un boicot de Sodastream en Francia.

En los Estados Unidos, las enmiendas de 1976 y 1977 relativas a la Ley de Administración de Exportaciones (EAA) y la Ley de Reforma Tributaria (TRA) prohíben a las compañías estadounidenses promover o apoyar el boicot a Israel. Participar en el boicot de Israel puede conllevar una multa de 50,000 $ y hasta diez años de prisión. Las sanciones por violación de las regulaciones anti-boicot se rigen por la Ley Internacional de Poderes Económicos de Emergencia (IEEPA), la cual prevé hasta 1 millón de $ en multas y 20 años de prisión por violación de la prohibición del boicot.

La libertad de expresión, al igual que todos los demás derechos, esta limitada por el principio de que "la libertad de una persona termina donde comienza la libertad de otra persona". Esta es la razón de que los boicots sean ilegales (y constituyan un delito penal) en democracias como Estados Unidos y Francia. ¿Por qué Israel es la única democracia en la que las restricciones a la libertad de expresión son "anti-democráticas" incluso si limitaciones más severas son comunes en Occidente?

A esta pregunta, los opositores de la ley anti-boicot respondieron que penaliza su derecho a boicotear los asentamientos israelíes, debido a que esta ley se aplica tanto en el Estado de Israel como en "las zonas bajo su control" (es decir, Cisjordania y los Altos del Golán.) Hay una diferencia, sin embargo, entre expresar su oposición a los asentamientos (un derecho que la ley no cuestiona) y causar daños económicos a empresas o individuos que operan allí. Recientemente, por ejemplo, la Corte Suprema del Reino Unido encontró que el derecho constitucional a expresar su oposición al control israelí de Cisjordania no justifica los intentos de causar daños empresas israelíes económicos que operan allí.

Por otro lado, las organizaciones israelíes que solicitaron a la Corte Suprema de Justicia una sentencia contraria a la "ley de boicot" reconocieron ante la audiencia que su problema no es la aplicabilidad de dicha ley en los territorios conquistados por Israel durante la guerra de los Seis Días. Cuando los jueces pidieron a los abogados de dichas organizaciones si se opondrían a la ley si dejaba de aplicarse en Cisjordania y en los Altos del Golán, sino solamente en el Israel anterior a 1967, su abogado (Hassan Jabareen) dijo claramente que "". Por lo tanto, estas mismas organizaciones admiten que no sólo quieren preservar su "derecho" a boicotear los asentamientos. Lo que realmente quieren, como han admitido ante la Corte, es ser capaces de promover un boicot internacional contra Israel sin tener que pagar las consecuencias económicas de los daños que causan a otros.

Su preocupación es comprensible: después de todo, el boicot a Israel es "made in Israel". Esta es la típica herramienta utilizada por algunos académicos y políticos que no pueden llegar a ser elegidos, y que por lo tanto tratan de imponer sus ideas rechazadas en las urnas por los propios israelíes mediante la creación de una presión económica sobre aquellos votantes que les son ajenos.

Desafortunadamente, esta manipulación es tan inmoral como eficaz. En 1991, por ejemplo, miembros del Partido Laborista fueron enviados a Washington para convencer a la administración Bush para que no firmara una garantía de 10 mil millones de dólares en préstamos a Israel (para la integración de los inmigrantes judíos procedentes de la Unión Soviética ) sin que el primer ministro Shamir se comprometiera a no invertir ese dinero prestado más allá de la Línea Verde. Shamir se negó y el partido laborista utilizó en la siguiente campaña electoral de 1992 (que ganó) la amenaza ante al electorado de un inminente desastre económico.

La misma estrategia es utilizada hoy por personas que nos advierten de los peligros de los incendios que ellos mismos iniciaron. La "ley de boicot" tiene como objetivo garantizar que estas personas no lo quieran todo sin renunciar a nada.

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