Friday, September 26, 2014

La decisión de la Corte Suprema (sobre los ilegales africanos) es la correcta - Dan Margalit - Israel Hayom


Centro de detención de Holot

En los últimos años, dos elementos habían casi empujado a Israel al borde de la crisis demográfica: el primero fue el gobierno del ex primer ministro Ehud Olmert, que se mantuvo de brazos cruzados mientras un torrente creciente de inmigrantes africanos indocumentados entraba en Israel; y el segundo, los snobs moralistas del norte de Tel Aviv, que condenan cualquier intento de parte de una familia ultra-ortodoxa de comprar un apartamento en sus barrios, pero a la vez promueven visiones humanistas extremistas cuando se trata de los inmigrantes ilegales, a expensas claro está de sus propios vecinos en el sur de Tel Aviv. Ellos son ajenos a la difícil situación de muchos países europeos, quienes abrieron sus puertas a los inmigrantes africanos y ahora están plagados de una sobrecarga de personas culturalmente ajenas.

A diferencia de Olmert, cuya política en lo referente a la creación de una barrera fronteriza era una reminiscencia de un paramédico evitando el uso de los torniquetes para detener una herida sangrante, el primer ministro Benjamin Netanyahu dedicó unos 1.200 millones shekel (327 millones de $) para instalar una barrera en la frontera entre Israel y Egipto; y he aquí que el torrente de infiltrados se redujo a un mero goteo, y al poco tiempo se detuvo por completo.

Este logro fue acompañado por los considerables esfuerzos de los ministros del Interior, Eli Yishai y Gideon Saar trataron de convencer a los infiltrados para que regresaran a sus países de origen. Las diversas medidas aplicadas a este tema han sido capaces de reducir la población de los infiltrados en unas 6.000 personas - o sea, un 10% - en un año.

Grupos de derechos humanos impugnaron la ley que se dirigía contra los infiltrados en dos ocasiones ante la Corte Suprema de Justicia. La primera vez, cuando el tribunal falló que una detención administrativa de tres años era ilegal. Saar promovió una nueva legislación reduciéndola a un año. Los grupos de derechos fueron nuevamente ante la Corte Suprema, y el lunes ésta anuló el artículo de la detención administrativa anual.

Esta fue la primera vez que la Corte Suprema de Justicia había anulada un específico artículo jurídico por dos veces. La sentencia también reduce de manera significativa los esfuerzos para convencer a los infiltrados para que abandonen Israel por su propia voluntad.

La sentencia ha sido bastante controvertida y ha sido muy criticada tanto por la derecha radical como por el israelí medio. El sentimiento general era que la Corte Suprema no era consciente de la difícil situación en la que vivían los residentes del sur de Tel Aviv (donde se concentraban la mayoría de estos ilegales).

Las dificultades de Israel a la hora de tratar el tema de los inmigrantes ilegales está siendo utilizada, ¿cómo no?, por sus incansables críticos para así presentarlo como un Estado de apartheid. Deportar a los infiltrados o enviarlos a un centro de detención durante un año inflige un grave daño a la imagen internacional de Israel, sobre todo cuando se trata de los EEUU, Europa y África, y puede resultar una carga más pesada de soportar que permitirles permanecer aquí.

En este sentido, la sentencia de la Corte consolidará aún más la condición de Israel como un país ilustrado progresiva. La sentencia en sí es de largo aliento y engorrosa, carente de cualquier sugerencia en cuanto a lo que sería el recurso legal adecuado con el que abordar el problema de los inmigrantes ilegales.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia ha surgido una vez más como un faro de justicia, y desde un punto de vista internacional, los beneficios para el gobernante son mayores que sus inconvenientes.

El ministro del Interior es libre de continuar en sus esfuerzos para alentar a los inmigrantes africanos a que abandonen Israel. Mientras que la influencia de un centro de detención ha sido desacreditada, haciendo así esos esfuerzos menos eficaces, resulta aún mejor abandonar una política que vaya en detrimento de la imagen de Israel a largo plazo, sobre todo ahora que la barrera en la frontera entre Israel y Egipto tiene todo para resolver este problema.

Debemos dar crédito a quien se lo merece: la sentencia de la Corte Suprema es beneficiosa para Israel para un nuevo tratamiento para un problema que ha dejado de existir.

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