La sentencia de Holot (sobre los ilegales africanos) marca el regreso del activismo judicial - Ben-Dror Yemini - Ynet

Protestas de los vecinos de la zona sur de Tel Aviv

El martes por la noche, minutos después de que la sentencia sobre Holot de la Corte Suprema se hiciera pública, llamé a una mujer que vive cerca de la estación central de autobuses de Tel Aviv y es activa en la lucha por los barrios del sur de la ciudad, y le informé de la decisión de la Corte Suprema.

Ella se echó a llorar. Le resultaba difícil creer que la ley había sido rechazada nuevamente. Y como escribió el juez Neal Hendel, la pregunta es "¿hasta qué punto sería legal paliar el sufrimiento de una población contribuyendo al sufrimiento de otra?" [N.P.: la población israelí que vive en la zona sur de Tel Aviv donde se han asentado los ilegales y se han multiplicado los problemas de convivencia]

Todos los jueces hablaron sobre el dolor de los residentes del sur de Tel Aviv y de otros barrios (donde se acumula la población inmigrante ilegal), pero la conclusión a la que la mayoría de ellos llegaron era diferente de la esperada por Hendel.

La sentencia deja mal sabor. No porque no haya nada sensible en ella. Ahí está. Todos los jueces tienen dignas intenciones. No hay ninguna duda al respecto. El problema es que la disputa entre los jueces no era judicial. Es una disputa ideológica. La composición del jurado señalaba ese resultado.

La discusión se centró en la legalidad de la Ley de Entrada en Israel. La versión anterior, la que permitió al Estado enviar a los infiltrados a un centro de internamiento durante tres años, fue rechazada. La ley fue modificada para que la estancia durara solamente un año. El cambio se aplicaba a los nuevos infiltrados y sería posible liberar o aliviar la pena de detención de un año por razones humanitarias.

La mayoría de los jueces dictaminaron que ambas cláusulas de la enmienda eran inconstitucionales. Hay algo irracional en esta sentencia. Hendel revisa la situación en los países europeos donde existe una opción de detención o de arresto por períodos aún más largos. Entonces, ¿cómo puede ser una ley tan perjudicial para los derechos humanos, hasta el punto de ser rechazada, cuando existen acuerdos similares en otros estados europeos civilizados? ¿Y cómo puede ser esa ley tan irrazonable o desproporcionada cuando no sólo la mayoría de los miembros de la Knesset, sino también muchos expertos legales, han aclarado que es constitucional? ¿Qué dice esto sobre el espectro de opiniones jurídicas, o ideológicas, predominantes en la Corte Suprema?

La sentencia simboliza fundamentalmente un regreso al enfoque activista de dicha Corte. Demasiado activista. Si pensábamos que habíamos conseguido librarnos del castigo del activismo ideológico depredador, la resolución dictada el lunes nos aclara que estábamos equivocados. La renuncia del ministro del Interior, Gideon Saar, un legalista el mismo y un ex pasante en la Corte Suprema, había irritado repetidamente a sus amigos derechistas cuando apoyó las decisiones de los activistas. El lunes, él ya adoptó un tono diferente.

Las críticas flagrantes contra la sentencia no fueron emitidas por los enemigos del Estado de Derecho. El presidente de la Corte Suprema, Asher Grunis, quién apoyó a la minoría (perdedora en la votación en la Corte Suprema, y opuesta a la sentencia), está socavando el enfoque del magistrado Uzi Vogelman, quien lideró a la minoría en la votación, cuando argumentó que se trataba de una "interpretación constitucional según la cual la Corte se convertía en legisladora".

Esta es una enfermedad antigua. Como dijo el presidente de EEUU Abraham Lincoln: "Si la política del gobierno sobre las cuestiones vitales que afectan a todo el pueblo debe ser fijada de manera irrevocable por las decisiones de la Corte Suprema, las ciudadanos han dejado de ser sus propios gobernantes".