Herzl y los rabinos municipales - Yakobson Alexander - Haaretz

Rabbi Shmuel Eliyahu

Si alguien le hubiera dicho a Theodor Herzl que en el Estado judío docenas de rabinos ponen su firma a una carta que prohíbe a los judíos alquilar o vender apartamentos a los gentiles, sin duda se habría sido ultrajado, pero es dudoso que se hubiera sorprendido. En su libro "Altneuland", describe una campaña electoral en la que la jefatura ortodoxa de un partido nacionalista exige que a los no judíos se les niege el derecho a voto. El partido se encamina en las urnas.

Herzl, sin duda, habría sido feliz de saber que en Israel un partido que aprobó la plataforma expuesta por el rabino Geyer (el lider ortodoxo en la ficción de Herzl) habría sido excluido de participar en las elecciones. Pero probablemente habría arqueado una ceja al enterarse de la existencia de "rabino municipales", un título que portan muchos de los firmantes de la carta. "¿Desde cuándo los rabinos llevan de repente una titulación oficial?", habría preguntado amargamente. "Después de todo, he afirmado explícitamente, tras destacar mi respeto por la religión y por la tradición, que debemos evitar cualquier esfuerzo por parte de los funcionarios religiosos de participar en el funcionamiento del Estado. Los rabinos deben mantenerse en las sinagogas, al igual que el ejército debe permanecer en los cuarteles".

Parece que la posición de Herzl sobre este asunto era y es más radical que lo que resulta aceptable hoy en día en muchos países liberales. En Gran Bretaña, el gobierno todavía nombra a los obispos de la Iglesia Anglicana. Algunos de estos obispos representan a la iglesia en la Cámara de los Lores, y el Parlamento es requerido para que permita otorgar a las mujeres el derecho a servir en ese cargo. En Dinamarca y Noruega, el rey nombra a la jerarquía de la Iglesia Luterana, a la que el monarca también debe pertenecer.

La adopción de los símbolos religiosos en las democracias modernas tampoco resulta infrecuente. La cruz aparece en las banderas de varios países europeos, mientras que las constituciones de Irlanda y Grecia comienzan con las palabras "En el nombre de la Santísima Trinidad..." Pero no hay ninguna otra democracia en la que el establishment religioso mantenga un monopolio sobre las leyes del matrimonio como sucede en Israel (este fue el caso de Grecia hasta la década de 1980), ni tampoco cualquier otro país democrático en el que un documento escandaloso, vergonzoso, como esa carta de los rabinos, hubiera sido posible sin tener en cuenta el estatus oficial de las instituciones religiosas.

A diferencia de lo que muchos creen, no hay normas universales que requieran la separación de las instituciones religiosas y estatales, aunque existe una excelente justificación para tal separación en Israel: la propia naturaleza de las instituciones religiosas en este país. Si bien el conjunto del establishment religioso no apoya esta carta, está claro que hay muchos dentrro de él que sí lo hacen.

La separación de la religión del Estado en Israel no es una opción políticamente realista. Pero el vínculo entre las instituciones religiosas y las instituciones del Estado no es sólo un privilegio, también debe conllevar responsabilidades y tener un precio. Quien recibe el poder oficial del Estado se convierte en sujeto "enjuiciable" por el mecanismo encargado de supervisar las acciones de los funcionarios. Este mecanismo en Israel goza de considerable poder y ya ha descabalgado a bastantes cargos públicos de sus funciones.

Los signatarios de la carta cuentan evidentemente con el hecho de que esas tres docenas de rabinos no serán procesados por las declaraciones expresadas en la carta, con independencia de su gravedad. Pero tiene que existir una urgente solicitud de su revocación de sus puestos de trabajo.

Por desgracia, hay una serie de áreas en las que desde el Estado, o bien práctica la abstención, o bien tiene dificultades para hacer cumplir sus propias leyes. Sin embargo, cuando un individuo que disfruta de una posición oficial hace un uso indebido de la autoridad que le corresponda por su situación laboral, contraveniendo la ley y perjudicando a un compatriota, el Estado no está autorizado a permitir que esa persona permanezca en su cargo y continue actuando de dicha manera. Permitir que la persona continue en su cargo en estas circunstancias es una clara violación de los derechos de los ciudadanos perjudicados por esas acciones. Las condenas públicas no dejarán huella en los rabinos municipales, pero exigir a la Corte Superior de Justicia que dictamine en contra del mantenimiento en sus cargos tal vez sí.