Saturday, March 01, 2014

¿Tzipi Livni quiere verdaderamente un Estado judío? - Emmanuel Navon - i24news



El reconocimiento de Israel como el Estado-nación del pueblo judío es exigido por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y rechazado por el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, por la misma razón: ese reconocimiento equivaldría a enterrar el llamado "derecho al retorno" y poner fin a las reclamaciones palestinas. Cuando Abbas dice que es tarea de Israel decidir se define, no explica por que niega a Israel tal como se define a si mismo. Pero, en realidad, el verdadero obstáculo para la definición de Israel como Estado judío no proviene de Abbas sino de Tzipi Livni, la ministra de Justicia israelí, que negocia en nombre de Israel con la Autoridad Palestina.

Israel se ha autoproclamado "Estado judío" en su Declaración de Independencia ("Por la presente declaramos el establecimiento de un Estado judío en la Tierra de Israel, cuyo nombre sera Israel"). Pero el estatuto jurídico de la Declaración de Independencia es un documento declaratorio sin valor constitucional, y eso a continuación de una decisión del Tribunal Superior de Justicia de 1948 (sentencia "Ziv contra Governik"). Y porque Israel no tiene una Constitucion, la declaracion que le autodefine como un "Estado judio" no es jurídicamente vinculante.

En ausencia de Constitución, Israel adoptó en su lugar unas "leyes fundamentales". Estas leyes fundamentales determinan la separación de poderes (tal como la "ley de la Knesset"), y protegen los derechos fundamentales (tal como la "Ley sobre la libertad y la dignidad humana"). Ninguna "ley fundamental", sin embargo, define la identidad del estado. Las constituciones de los Estados-nación, por el contrario, por lo general definen y delimitan estos tres temas fundamentales de la identidad nacional, la separación de poderes y los derechos humanos (la Constitución francesa, por ejemplo, ha sido proclamada en nombre del "pueblo francés" y define a la República como "laica, democrática y social'').

Israel es así pues un Estado judío de facto pero no de jure, y eso tiene consecuencias. De facto, los símbolos de Israel y el Himno Nacional reflejan el patrimonio histórico y la cultura del pueblo judío; la Ley del Retorno reconoce el derecho de inmigración automático a los judíos; el hebreo es el idioma oficial y los días festivos se basan en el calendario judío; el IDF protege a todos los judíos y no solo a los israelíes (como en Entebbe en 1976); el dinero de los contribuyentes se utiliza para hacer que los judíos vengan a Israel y para contribuir a la financiación de la educación judía en la Diáspora.

Estas expresiones de la identidad judía de Israel son jurídicamente desafiadas por la minoría árabe de Israel así como los judíos post-sionistas. Este desafio legal requiere una respuesta legal.

Los Estados-nación (e Israel entre ellos) expresan y protegen el derecho de los pueblos a disponer de ellos mismos. Este derecho nacional y colectiva no afecta (al menos en los Estados-nación democráticos) a los derechos civiles de las minorías. Como ya lo ha subrayado el escritor israelí AB Yehoshua, nadie exige de Dinamarca que agregue un símbolo musulmán en su bandera (que porta una cruz) para complacer a su minoría musulmana: Dinamarca es el Estado-nación del pueblo danes, y al mismo tiempo todos los ciudadanos daneses (incluyendo los inmigrantes musulmanes naturalizados) son iguales ante la ley. Es lo mismo para Israel.

Aunque justificable y justificado, el derecho de Israel a ser un Estado-nación es contestado a la vez conceptual y legalmente. El desafío jurídico podría teóricamente anular la Ley del Retorno y la financiación publica de los programas educativos judíos en el extranjero, por ejemplo. Durante dos décadas se ha desencadenado en Israel una avalancha de apelaciones al Tribunal Supremo de Justicia tratando de anular leyes votadas en la Knesset y ciertas decisiones gubernamentales. Dado el exito de este metodo, las leyes y las decisiones del Gobierno sobre el caracter judio del Estado tambien estan amenazadas.

Es por eso que el ex diputado Avi Dichter (del partido de centro Kadima) había presentado un proyecto de ley en 2011 para definir legalmente a Israel como el Estado-nación del pueblo judío. El proyecto de ley era multipartidista, después de haber sido co-escrito por los miembros del Kadima, del Partido Laborista y del Likud. Aunque la mayoría de los miembros de Kadima habían co-firmado el proyecto de ley, la presidenta del Kadima en esos momentos, Tzipi Livni, les exigió que retiraran sus firmas después de que el proyecto de ley fue elevado a su atención.

En un panel organizado esta semana por el Forum Kohelet (un think tank que promueve la soberanía nacional israelí y las libertades individuales) sobre el proyecto de ley "Israel, el Estado-nación del pueblo judío", Tzipi Livni reiteró su oposición al proyecto de ley [N.P.: coincidiendo con los post-sionistas y los partidos árabes] porque consideró que no definía a Israel como un Estado democrático y porque podría hacer que la halaja (la ley judía rabínica) fuera una fuente de legislación. Ambas afirmaciones son falsas: el articulo 3 del proyecto de ley define a Israel como un estado democrático, y el proyecto no hace referencia a la halaja).

En cierto sentido, Mahmoud Abbas tiene razón: Israel debe decidir por si mismo como quiere definirse. Pero es a la vez irónico y absurdo que el principal obstáculo para la definición oficial y legal de Israel como el Estado-nación del pueblo judío provenga de nuestro principal negociador.

¿Por que Abbas debería ser mas realista que el rey?

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